Entre presión social y urgencia política: los 60 días del Gobierno para reescribir la 1720
Lo esencial: El Gobierno tiene 60 días de plazo legal, entre la presión social y la urgencia política, para elaborar y presentar ante la Asamblea Legislativa un nuevo marco normativo sobre tierras, tras la abrogación de la Ley 1720 firmada por el presidente Rodrigo Paz.
Por qué importa: El éxito de este proceso determinará si el conflicto social vuelve a escalar a nivel nacional o si el Ejecutivo logra reconstruir la legitimidad perdida.
- Lo que está en juego no es solo una ley, sino la definición del modelo de desarrollo rural y la relación del Estado con sus territorios originarios.
Estado actual: A pesar de la vigencia del plazo, aún no existe una hoja de ruta institucional detallada ni una agenda pública que defina la metodología, las fechas o los paneles de discusión.
- Políticamente, estos dos meses representan un “tiempo de concertación” diseñado para bajar la tensión y evitar que el conflicto escale nuevamente.
Los 60 días ideales: hoja de ruta para un proceso serio
Análisis editorial · El Post · Datos al 18/07/2025Suspensión efectiva del conflicto y garantías políticas
Antes de discutir artículos, el Gobierno debe ofrecer garantías mínimas que reconstruyan la confianza erosionada durante el debate original.
El Gobierno debería garantizar
- No reintroducir el mismo texto “maquillado”
- No aprobación acelerada del proyecto
- Participación real y no meramente formal
Por qué es urgente
- La ley original se trabajó sin consulta suficiente
- Hubo negociación cerrada entre pocas partes
- El debate parlamentario fue demasiado rápido
Instalación formal de mesas multisectoriales
La arquitectura del proceso debe definirse con precisión. Si las organizaciones sienten que solo son “escuchadas” pero no deciden, el conflicto volverá.
Definir desde el inicio
- Quién participa y con qué mandato
- Metodología y cronograma público
- Mecanismos de votación y toma de decisiones
- Publicidad y acceso a las actas
Actores que deberían participar
Organizaciones indígenas
CPIB, organizaciones amazónicas, TCO/TIOC, autoridades comunitarias
Organizaciones campesinas
Sindicatos agrarios, interculturales, colonizadores, pequeños productores
Agroindustria y empresarios
Cámaras agropecuarias, exportadores, productores medianos, cooperativas
Estado
Min. Desarrollo Rural, INRA, Min. Economía, Asamblea Legislativa
Expertos independientes
Constitucionalistas, agraristas, universidades, especialistas ambientales, economistas rurales
Identificación de “líneas rojas”
Cada sector debe establecer explícitamente qué no está dispuesto a aceptar. Sin este mapeo previo, los acuerdos se rompen en la recta final.
Posiciones por sector
Sectores indígenas
Prohibición explícita de embargo de TCO · Protección constitucional reforzada · Consulta previa vinculante
Agroindustria
Acceso a crédito · Seguridad jurídica · Reglas financieras claras y estables
Gobierno
Capacidad de expansión productiva · Evitar bloqueo económico · Sostener inversión rural
Debate jurídico profundo
El verdadero trabajo técnico. Esta fase debería ser mucho más extensa de lo habitual, dado que el conflicto toca simultáneamente la Constitución, la autonomía indígena, el derecho agrario y los modelos económicos.
Temas que deben abordarse
-
Naturaleza de la propiedad comunitaria
¿Puede ser garantía? ¿Hasta dónde? ¿Qué límites existen?
-
Función económica social
¿Quién define improductividad? ¿Cómo se fiscaliza?
-
Crédito rural
¿Cómo dar acceso a financiamiento sin mercantilizar territorio?
-
Protección ambiental
Expansión agrícola, deforestación y control territorial
-
Seguridad jurídica
Saneamiento, titulación y resolución de conflictos históricos
Socialización territorial
Decisiva y habitualmente subestimada. La legitimidad territorial importa tanto como la legislativa. No bastaría con reuniones en La Paz.
Territorios donde deben realizarse encuentros
- Santa Cruz
- Beni y Pando
- Chaco
- Altiplano
- Territorios indígenas (TCO/TIOC)
Qué significa socializar de verdad
- Recibir observaciones y registrarlas
- Modificar textos según lo recogido
- Transparentar los cambios realizados
- Devolver resultados a quienes participaron
Redacción final y retorno al Legislativo
Solo después de completar las cinco etapas anteriores puede elaborarse el nuevo texto legal. Sin ese recorrido previo, el retorno al Legislativo carecerá de sustento.
Condiciones previas necesarias
- Acuerdos mínimos documentados entre sectores
- Revisión jurídica completada
- Socialización territorial realizada
Productos que deben presentarse
- Nuevo anteproyecto de ley
- Exposición de motivos detallada
- Texto consensuado con registro de disensos
Los puntos críticos: Para no repetir los errores de la Ley 1720, el nuevo proceso debe alejarse de la redacción a puerta cerrada y priorizar tres aspectos clave.
- Socialización real que reciba observaciones y modifique el documento de manera transparente en las regiones afectadas, no solo “explicar” el texto.
- Identificación de “líneas rojas” para determinar qué puntos son innegociables para cada sector, especialmente en protección constitucional de las TCO y garantías hipotecarias.
- Transparencia con metodología clara, mecanismos de votación y publicidad de actas para evitar la sensación de imposición vertical.
Los actores clave: La construcción del nuevo consenso requiere la participación obligatoria de diversos sectores con demandas contrapuestas.
- Sectores indígenas y campesinos (CIDOB, organizaciones amazónicas, TCO/TIOC y sindicatos) exigen la protección de la pequeña propiedad y la inembargabilidad de sus territorios.
- El sector agroempresarial (cámaras agropecuarias y exportadores) demanda seguridad jurídica y mecanismos para dinamizar el crédito rural y la inversión.
- El Estado debe articular los ministerios de Desarrollo Rural, Economía y Justicia, junto al INRA y la Asamblea Legislativa.
El conflicto central: Los mayores puntos de fricción giran en torno a la tierra como activo financiero versus la tierra como territorio protegido.
- El temor a la “mercantilización” de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y su posible uso como garantía hipotecaria frente a entidades financieras privadas son las principales alarmas de los sectores sociales.
La fragmentación regional: En Bolivia, la tierra no tiene el mismo significado en todas las regiones, lo que complica una ley uniforme.
- En el oriente la prioridad es la productividad, la agroexportación y el acceso al crédito bancario.
- En la amazonía y tierras bajas la demanda central es la protección de la identidad, la autonomía y la supervivencia colectiva.
- El altiplano y los valles luchan contra el minifundio y buscan sostenibilidad económica y acceso a mercados.
Qué dicen: Diversos protagonistas han manifestado su postura sobre este periodo de transición.
- “Las comisiones agrarias departamentales van a empezar a hacer todo un consenso en cada departamento para que en 60 días tengamos una nueva ley para el pequeño y mediano productor”, afirmó Klaus Frerking, presidente de la CAO.
- “Hemos aceptado la salida política con la condición de que la nueva ley se elabore en el plazo de 60 días”, declaró Omar Castro, vicepresidente de Confeagro.
- “Tenemos que tratar una nueva normativa para todo el país, una nueva ley sobre la tierra, con consensos, socializando y escuchando a todos los sectores”, señaló el presidente Rodrigo Paz.
Qué sigue: El retorno del proyecto al Legislativo se prevé para mediados de 2026. El verdadero desafío será equilibrar el modelo productivista de la agroindustria con el modelo comunitario de los pueblos indígenas, en un proceso que deberá ser percibido como inclusivo y transparente.
