Lo esencial: El Gobierno investiga cómo el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, abandonó el país de manera irregular pese a estar alcanzado por la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria, que le impedía salir de Bolivia durante seis meses tras dejar el cargo.

Por qué importa: Akly es una figura central en la polémica por la distribución de gasolina de mala calidad que detonó movilizaciones del transporte pesado y sectores productivos en distintas regiones del país.

Su salida irregular amenaza con reactivar las críticas opositoras y las sospechas sobre posibles irregularidades dentro de la estatal petrolera, además de introducir la posibilidad de obstrucción a investigaciones o evasión de responsabilidades.

La investigación: El Ministerio de Gobierno instruyó a la Dirección General de Migración iniciar una investigación exhaustiva para determinar cómo salió del país el exejecutivo y quiénes habrían facilitado su salida.

El Gobierno dejó abierta la posibilidad de que exista una cadena de complicidades o una estructura de protección institucional que permitió la salida del exfuncionario.
La investigación tiene dos líneas sensibles: la responsabilidad directa de Akly y la posible participación de funcionarios migratorios, administrativos o políticos que pudieron omitir controles.

Contexto: Akly fue el primer presidente de YPFB durante la gestión de Rodrigo Paz y permaneció en funciones hasta el 30 de marzo. Su gestión quedó bajo fuerte cuestionamiento tras denuncias de distribución de gasolina de mala calidad, combustible adulterado y problemas de rendimiento en vehículos.

Transportistas de diferentes regiones denunciaron daños mecánicos, pérdida de potencia y afectaciones económicas atribuidas a la gasolina distribuida por YPFB.
Paralelamente, surgieron denuncias sobre presuntas compras de petróleo con sobreprecio, tema que también se encuentra bajo observación.

La ley: La Ley N.º 1352 de Permanencia Obligatoria fue promulgada en 2020 para impedir que exautoridades abandonen el país inmediatamente después de dejar funciones públicas.

Ministros, viceministros, presidentes de empresas estatales y otras autoridades del nivel central deben permanecer en territorio nacional durante seis meses después de cesar en sus cargos.
Solo una autorización expresa puede habilitar la salida del país antes de ese plazo.

Qué dicen: El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado oficial con advertencias directas sobre el caso.

“El Gobierno Nacional será absolutamente firme en la aplicación de la ley y no tolerará ningún acto de encubrimiento, protección o utilización de influencias para evadir las responsabilidades que corresponden a exautoridades del Estado boliviano”, advirtió el Ministerio.
“Ningún exfuncionario tendrá privilegios ni tratamiento preferencial por razones políticas, partidarias o personales. El cumplimiento de la ley debe cumplirse sin excepción y con el mismo rigor para todos”, agrega el documento.

Entre líneas: El caso golpea en un momento particularmente delicado para el Ejecutivo, marcado por bloqueos indefinidos, protestas por la calidad del combustible, presión de sectores sociales y cuestionamientos a la gestión energética.

El caso Akly no solo genera dudas sobre el control migratorio, sino también sobre la capacidad estatal para hacer cumplir una normativa diseñada precisamente para evitar fugas de exautoridades bajo sospecha.

Qué sigue: Persisten interrogantes clave, cuándo salió del país, por qué no se activaron controles, quién autorizó o permitió su salida y si existen responsabilidades políticas detrás del caso. El Gobierno no informó oficialmente hacia qué país habría salido Akly ni el mecanismo utilizado.