Lo esencial: El Proyecto de Ley Brisa avanza en la Asamblea Legislativa con dos ejes polémicos: la eliminación del delito de estupro y el debate sobre si la reforma vulnera la presunción de inocencia de los acusados.

Por qué importa: La desaparición del estupro como figura independiente implica que adultos que mantengan relaciones sexuales con adolescentes de 14 a 18 años ya no podrán argumentar consentimiento para acceder a penas reducidas.

Los críticos advierten que la imprescriptibilidad y los cambios en la carga probatoria podrían afectar derechos fundamentales de los investigados si la norma no se aplica con rigurosidad.

Estado actual: El estupro actualmente contempla penas de 3 a 6 años y ha sido señalado como una “puerta de escape” que permite procedimientos abreviados y libertad en poco tiempo para agresores de adolescentes.

Con la reforma, estos casos pasarán a tipificarse como violación de infante, niña, niño o adolescente, ampliando la protección legal hasta los 18 años.
Se mantiene una excepción: relaciones entre adolescentes con diferencia de edad no mayor a 3 años no serán sancionadas si existe consentimiento y no media presión o violencia.

Qué dicen: Mónica Bayá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, en contacto con El Post, declaró: “Que se realice una denuncia no quiere decir que se anule la presunción de inocencia ni que el hecho no deba investigarse o probarse”.

La diputada Andrea Ballivián sostiene que el estupro ha funcionado para “suavizar” crímenes, permitiendo que agresores accedan a procedimientos abreviados y recuperen su libertad en poco tiempo.
En declaraciones a El Post, Mónica Gutiérrez, directora ejecutiva del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, explicó que cada denuncia será sometida a abordajes psicológicos y la recolección de pruebas técnicas; solo si estas validan el caso, el proceso prosperará hacia un juicio.

Argumentos a favor y en contra: Mientras que algunos sectores señalan la existencia de vacíos jurídicos, otros sostienen que la clave reside en la capacidad de la justicia para valorar las pruebas de manera adecuada.

La jurista, Adriana Pérez, dijo que la propuesta presenta vacíos jurídicos. En su criterio, estas deficiencias técnicas podrían abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias y poner en riesgo principios fundamentales como la seguridad jurídica y la presunción de inocencia.
La diputada Lucero Justiniano considera que la ley propicia denuncias falsas, por lo que exige que cualquier normativa de este tipo respete estrictamente el proceso legislativo.
Sin embargo, Bayá indicó que aunque la ley permite denunciar sin límite de tiempo, la carga probatoria se mantiene intacta: fiscales y jueces deberán demostrar el delito con pruebas suficientes.
En casos de denuncias realizadas décadas después, la justicia deberá valorar indicios, testimonios y pruebas periciales bajo estándares internacionales, sin que esto signifique una presunción de culpabilidad.

Quién es Brisa de Angulo: Es una abogada y activista estadounidense-colombiana que vivió en Cochabamba y tras ser violada a los 16 años por su primo en 2002, enfrentó más de 23 años de impunidad y revictimización.

Su agresor, E.G., huyó a Colombia, donde vive bajo una identidad falsa y ha evitado la extradición. El caso llegó a la Corte IDH, que condenó al Estado boliviano por su negligencia, ordenando reformas legales que dieron vida al proyecto de “Ley Brisa”.

Puntos clave:

Activismo: Fundó el “Centro Una Brisa de Esperanza”, logrando elevar las condenas por abuso en Bolivia del 2% al 95%.
Conflicto actual: En un giro irónico y cruel de la justicia, su agresor la demandó en Colombia por “calumnia” en 2025, obligándola a encararlo en una audiencia.
Impacto: Su historia es hoy el motor principal para eliminar la figura del estupro y la prescripción de delitos sexuales en Bolivia.

Entre líneas: El principal desafío de la Ley Brisa radica en un equilibrio delicado: reforzar la protección de víctimas menores de edad sin debilitar principios básicos del sistema penal como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.

Qué sigue: El proyecto se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, a la espera de su tratamiento final en el pleno legislativo.