Emergencia por avasallamientos: el 80% de los casos se concentra en Santa Cruz
Lo esencial: Bolivia enfrenta una crisis de avasallamientos con más de 1.000 denuncias acumuladas sin resolución, de acuerdo con el informe de la presidenta del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Roxana Chávez, donde Santa Cruz concentra el 80% de los casos y la Ley 477 contra estas ocupaciones ilegales no se aplica con rapidez.
Por qué importa: La parálisis judicial y administrativa está afectando directamente la producción agropecuaria, un sector que genera 1,6 millones de empleos en el país.
- La inseguridad jurídica frena inversiones y proyectos de exportación en un contexto donde el agro considera clave frenar los avasallamientos para sostener la actividad económica.
Los números: Las cifras oficiales y del sector productivo revelan la magnitud del problema en Santa Cruz y otras regiones.
Avasallamientos en Bolivia: Cifras Clave del Conflicto
Hectáreas afectadas, denuncias activas y nivel de impacto por región
Fuente: Tribunal Agroambiental de Bolivia · Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) · Cámara Agropecuaria de Cochabamba| Departamento | Situación actual | Impacto |
|---|---|---|
| Santa Cruz | ~90.000 ha. afectadas |
80% del total nacional
Zona crítica |
| Cochabamba | >4.500 ha. afectadas |
Alta violencia en zonas rurales
Alta violencia |
| Bolivia (Total) | >1.000 denuncias |
En trámite ante el Tribunal Agroambiental
En proceso judicial |
- Según estimaciones de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Santa Cruz registra 90.000 hectáreas avasalladas y cerca de 300 predios tomados ilegalmente.
- El sector productivo eleva estas cifras a más de 170.000 hectáreas y casi 500 predios afectados durante el 2025.
- La Cámara Agropecuaria de Cochabamba reporta que el departamento ya supera las 4,500 hectáreas afectadas, situación que ha escalado en violencia, como el reciente caso en Apote que dejó una víctima fatal.
Contexto: El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez Jiménez, denunció que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) habría sido utilizado como fuente de datos para facilitar tomas ilegales, lo que ahora motiva auditorías e intervenciones técnicas.
- Los avasallamientos han evolucionado de ocupaciones espontáneas a estructuras organizadas que operan con información y logística, extendiéndose a áreas protegidas y reservas forestales.
La ley: La Ley N.º 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras sanciona estas acciones con penas de entre 3 y 8 años de prisión, y hasta 10 años en casos de tráfico de tierras.
- La norma permite desalojos con apoyo de la fuerza pública e inhabilita a los responsables para acceder a tierras por una década.
- El principal problema no es la falta de legislación, sino la acumulación de denuncias y la demora en los procesos que terminan incentivando nuevas ocupaciones.
Qué dicen: Las autoridades y el sector productivo coinciden en la urgencia del problema.
- “Hay predios donde las denuncias están hace años y no se está dando solución”, advirtió el viceministro Hormando Vaca Díez Jiménez.
- “Bolivia necesita producir y traer dólares, pero para eso se requiere seguridad jurídica contra el avasallamiento”, sentenció Klaus Frerking, presidente de la CAO.
El plan: El Gobierno ha optado por una estrategia que combina mesas técnicas para unificar criterios legales, auditorías al INRA para transparentar información, y operativos de desalojo coordinados con la Policía y autoridades regionales.
- Se cuenta con un fondo de 40 millones de dólares de la cooperación internacional para concluir el saneamiento de tierras.
La conclusión: El reto inmediato no pasa por crear nuevas leyes, sino por hacer cumplir las existentes con mayor rapidez y eficacia, en un escenario donde la tierra se ha convertido en un factor crítico para la economía, la seguridad jurídica y la estabilidad social del país.
