El PGE 2026 promete austeridad, pero aún financia empresas deficitarias
Lo esencial: El PGE Reformulado 2026 no ataca de fondo el problema del gasto público, ya que mantiene el financiamiento a empresas estatales deficitarias, lo que agrava la crisis fiscal del país, advierten los economistas Mauricio Ríos y Gonzalo Chávez.
Por qué importa: Mantener estructuras estatales ineficientes posterga una crisis fiscal que ya se manifiesta en un elevado déficit y en el agotamiento de recursos estatales.
- Los recursos destinados a estas empresas podrían dirigirse a áreas críticas como salud o educación, mientras la práctica de financiarlas con deuda presiona variables como la inflación y compromete la salud financiera de toda la población.
Los números: Los datos revelan la magnitud del problema fiscal que representan las empresas públicas.
Detalle por empresa estatal
Fuente: Fundación Jubileo · Total: Bs 3.600 millones| # | Empresa | Sector | Remuneraciones (Bs) | Proporción del total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMIBOL | Minería | 1.464.000.000 | Con pérdidas | |
| 2 | YPFB | Hidrocarburos | 839.000.000 | Con pérdidas | |
| 3 | BoA | Transporte aéreo | 253.000.000 | Con pérdidas | |
| — | Resto de empresas | Varios | 1.044.000.000 |
Estado actual: El Gobierno ha planteado que la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) disponga de un plazo de 90 días para evaluar la viabilidad técnica y financiera de las estatales.
- El ministro José Gabriel Espinoza explicó que esta medida permitirá determinar cuáles entidades deben ser cerradas mediante decreto o ley, buscando corregir distorsiones heredadas de gestiones anteriores.
Qué dicen: Los economistas cuestionan duramente el enfoque del Gobierno.
- “El Gobierno de Rodrigo Paz está ‘pateando el oxígeno’ al diagnóstico económico, enfocándose en los síntomas y no en la ‘enfermedad’ que representa el exceso de gasto público”, sostiene Mauricio Ríos.
- Gonzalo Chávez describe el ajuste planteado en el PGE como una “dieta fiscal con postre doble” y define a las empresas públicas deficitarias como un “subsidio con uniforme corporativo”.
Entre líneas: Ríos califica el plazo de 90 días como una maniobra para evadir responsabilidades políticas, argumentando que el Ejecutivo ya cuenta con la información necesaria sobre qué empresas son deficitarias.
- Según su análisis, el mecanismo de evaluación solo busca delegar el costo político del cierre de estas entidades a informes técnicos o a la Asamblea Legislativa, priorizando el cálculo electoral por encima de la estabilidad económica.
Sí, pero: Aunque el Gobierno reconoce un déficit fiscal cercano al 15% del PIB y busca reducirlo al 9% para 2026, Chávez observa que el Estado sigue gastando significativamente más de lo que recauda, y la falta de cambios profundos en el aparato estatal impide una corrección real de las finanzas públicas.
La conclusión: Tanto Ríos como Chávez insisten en que el PGE Reformulado 2026 es una oportunidad perdida para realizar el ajuste estructural que la crisis demanda, y sugieren la liquidación inmediata de empresas como la fábrica de papas fritas, Papelbol, Cartonbol y el aeropuerto de Apolo, que representan un agujero fiscal constante.
