Caso maletas: doble vía de sanción a dos oficiales por omisión
Lo esencial: La Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de aprehensión contra el capitán Cristhian R. S. y avanza un proceso contra el teniente Marvin M. R. por omitir el reporte sobre las 32 maletas que llegaron a Viru Viru en noviembre de 2025, mientras la Policía les sigue también un proceso disciplinario.
Por qué importa: La omisión de estos dos oficiales no se investiga como un simple descuido administrativo, sino como una falta que pudo haber retrasado la reacción institucional y facilitado el ocultamiento de evidencia en un caso que hoy vincula a una exdiputada, un juez y funcionarios de Aduana con presunto narcotráfico.
La omisión clave: El teniente Marvin M. R. habría recibido la primera información sobre las maletas, pero en lugar de informar a sus superiores en Santa Cruz, trasladó el dato al capitán Cristhian R. S., edecán del Ministro Oviedo, fuera del conducto regular.
- El capitán habría restado importancia al reporte y tampoco lo elevó a la cadena de mando, lo que para la Fiscalía constituye una ruptura del procedimiento que debía activar el control institucional de inmediato.
- En la administración policial, esa reserva puede convertirse en falta grave y en base para imputación penal si se concluye que permitió ocultar elementos relevantes.
La doble vía de sanción: La investigación se abrió en dos planos que no son idénticos ni excluyentes, según el comandante general de la Policía, Mirko Sokol.
- En la vía penal, la Fiscalía actúa sobre posibles delitos de omisión, encubrimiento o incumplimiento de deberes, y por eso ordenó la aprehensión del capitán.
- En la vía disciplinaria, la Policía evalúa si los oficiales violaron normas de servicio, ética y jerarquía institucional, con sanciones que van desde suspensión hasta expulsión.
Contexto: El caso se remonta al 29 de noviembre de 2025, cuando un vuelo chárter procedente de Estados Unidos llegó a Viru Viru con 32 maletas bajo sospecha de vínculo con dinero ilícito y narcotráfico. Las maletas no pasaron por escáner, por lo que no existe certeza oficial sobre su contenido exacto.
- El Ministerio de Gobierno admitió que conocía el caso desde la primera semana de diciembre de 2025 y mantuvo una investigación reservada.
- La Policía reconoció que, por el tiempo transcurrido, se perdieron indicios y la investigación se volvió más compleja.
Los implicados: El expediente ya alcanzó a múltiples funcionarios e instituciones más allá de los dos policías.
- La exdiputada Laura Rojas, quien habría usado un pasaporte diplomático vencido para pasar las maletas, enfrenta detención preventiva en Palmasola.
- El juez Hebert Zeballos y funcionarios de la Aduana Boliviana también están vinculados al proceso.
- Gabriel Giuliano Leoni, quien llegó con la exdiputada Rojas en el avión chárter es señalado como pieza clave y permanece prófugo y es buscado mediante cooperación internacional.
Situación de los oficiales: Ambos policías seguían en funciones hasta el pasado 15 de abril cuando fueron replegados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). El teniente era parte del Grupo de Investigaciones de Casos Especiales (GICE) Oriente y el capitán integraba el equipo de seguridad del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
- El teniente ya declaró ante el Ministerio Público y presentó un informe donde admitió que recibió el reporte, lo que sugiere una defensa basada en su versión de los hechos.
- El capitán, con orden de aprehensión vigente, enfrentará su defensa en la fase de declaración e imputación.
Qué sigue: En el plano penal, la orden de aprehensión contra el capitán abre la fase de captura, declaración, posible imputación y audiencia cautelar. En el plano disciplinario, el caso puede entrar “a puertas de juicio”, según la Policía, con consecuencias directas para ambos uniformados.
Entre líneas: El caso maletas dejó de ser una investigación sobre equipaje sospechoso para convertirse en un expediente que expone fallas de control en la Policía, la Aduana, la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno.
- La sanción contra los oficiales no solo busca castigar una falta interna, sino mostrar que el Estado intenta reaccionar frente a una cadena de irregularidades que creció desde el aeropuerto hasta las oficinas de mando.
