Lo esencial: El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, formalizó el 14 de abril una denuncia penal contra un capitán que integraba su equipo de seguridad y un teniente por encubrimiento e incumplimiento de deberes en el “caso maletas”.

Por qué importa: La investigación revela que una alerta internacional de “alta prioridad” sobre el cargamento fue deliberadamente ocultada durante más de sesenta días por oficiales dentro de la estructura de seguridad del propio Ministerio de Gobierno.

Este quiebre en la cadena de mando policial permitió que 32 maletas evadieran todos los controles aeroportuarios y provocó una pérdida crítica de evidencias en tiempo real.

Los hechos: El teniente Marvin M. R., miembro del GICE-Oriente, admitió haber recibido una alerta de la Policía Federal de Brasil y de la HSI de EEUU que advertía que el avión transportaba divisas destinadas al pago de sustancias controladas.

En lugar de informar a sus superiores jerárquicos, el teniente canalizó la alerta vía WhatsApp hacia el capitán Cristhian R. S., quien desestimó la información y no la elevó a la Felcn ni al Ministerio.
La justificación del teniente para romper el protocolo fue una alegada “falta de confianza” en sus jefes directos, a quienes acusó de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Contexto: El caso se remonta al 29 de noviembre de 2025, cuando un vuelo chárter procedente de Burbank, Estados Unidos, aterrizó en Viru Viru con 32 maletas que evadieron los controles de Aduana y Policía sin ser sometidas a escáneres ni registros oficiales.

La exdiputada Laura Rojas, principal implicada en la logística de ingreso, utilizó un pasaporte diplomático vencido que obligaba legalmente a tratarla como pasajera natural y revisar su equipaje, procedimiento que fue omitido.
Las maletas fueron trasladadas a una empresa de seguridad privada y posteriormente a galpones vinculados al exjuez Hebert Zeballos, quien fue destituido y aprehendido.

Cadena de omisiones: Según el especialista en aduanas Gabriel Tapia, la exdiputada debió ser tratada como una pasajera común, dado que su pasaporte diplomático ya no estaba vigente, de modo que su equipaje debió ser sometido a una revisión exhaustiva, procedimiento que fue omitido.

La investigación también evidenció un quiebre en la cadena de mando policial y, según las sospechas de Tapia, el personal de aduana habría permitido el paso de las 32 maletas por un “pasillo especial” para diplomáticos, evitando los escáneres y facilitando su salida sin ningún control formal.

Los números: La investigación ha logrado siete detenciones hasta la fecha, mientras que informes de inteligencia estiman el contenido del cargamento en cerca de 100 millones de dólares.

En allanamientos a la propiedad de Zeballos se secuestraron 79 kilogramos de marihuana y maquinaria para procesar sustancias.
El personal de aduana permitió que las maletas evitaran los cuatro escáneres disponibles al pasar por un “pasillo especial” reservado para diplomáticos.

Entre líneas: El hallazgo de que las maletas estaban recubiertas con material sintético para bloquear olores, sumado al uso de un vuelo chárter y la protección institucional identificada, señala un alto nivel de sofisticación en la organización criminal, según el especialista en aduanas Gabriel Tapia.

Qué sigue: El Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto bancario de todos los implicados y busca capturar al ciudadano extranjero Gabriel Giuliano Leoni, señalado como pieza clave con información sobre los remitentes del dinero en EEUU.