Lo esencial: La versión oficial de Irán sobre el acuerdo de defensa firmado con Bolivia en 2023 —que califica el documento como una simple “acta de negociaciones” sin efectos legales— es contradicha por declaraciones de sus propias autoridades y por la denuncia formal ejecutada por el gobierno de Rodrigo Paz.

Por qué importa: La disputa revela el desenlace de casi dos décadas de una relación estratégica que Bolivia sostuvo con Irán durante los gobiernos del MAS.

Si el acuerdo carecía de efectos legales como sostiene Irán, no habría sido necesario que el actual Ministerio de Defensa boliviano ejecutara un procedimiento jurídico formal para extinguirlo, lo que evidencia que el documento sí implicaba obligaciones concretas.

La contradicción legal: El ministro de Defensa, Marcelo Salinas G., confirmó que el documento fue “denunciado” hace aproximadamente cuatro meses, una figura del derecho internacional reservada exclusivamente para poner fin a acuerdos vigentes.

Ningún Estado denuncia formalmente un instrumento que carece de efectos legales, lo que desmiente la tesis iraní de la “simple acta”.
La decisión del gobierno de Rodrigo Paz revela que, en la práctica, Bolivia consideraba el acuerdo como válido y con obligaciones concretas.

El contenido del acuerdo: Mientras la Embajada iraní sostiene que en 2023 solo se presentaron “capacidades técnicas” para vigilancia fronteriza, los antecedentes públicos muestran una cooperación de mayor alcance.

El entonces ministro de Defensa iraní, Mohammad Reza Ashtiani —hoy subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán— admitió en julio de 2023 que el acuerdo incluía venta de material militar y entrenamiento de personal.
Informes de inteligencia apuntaron a la provisión de tecnología avanzada: drones, sistemas de misiles y capacidades de ciberinteligencia.
Se confirmó la disposición de Irán de ofrecer aviones no tripulados similares a los que ya operan en más de 20 países.

El antecedente clave: La relación bilateral comenzó el 8 de septiembre de 2007, cuando los gobiernos de Evo Morales y Mahmud Ahmadineyad establecieron vínculos diplomáticos en el marco de una afinidad ideológica marcada por el rechazo a Estados Unidos y la cercanía con el bloque del ALBA.

La visita de Ahmadineyad a Bolivia ese mes —la primera de un presidente iraní— selló una alianza que incluyó acuerdos en hidrocarburos, minería, agricultura y tecnología.
Desde La Paz se defendía la “vocación pacifista” de Teherán en medio de críticas a Israel.

Las inversiones iraníes: Durante la gestión de Morales, la cooperación iraní se tradujo en proyectos concretos que consolidaron la influencia de Teherán en Bolivia.

En 2009, la Media Luna Roja iraní financió un hospital en El Alto con 1,2 millones de dólares.
En 2013, Teherán donó equipos por 3 millones de dólares para la creación del canal Abya Yala, plataforma mediática alineada con el discurso del MAS.
Se otorgaron líneas de crédito superiores a 250 millones de dólares para proyectos productivos.

Los recursos estratégicos: Irán mantuvo un interés sostenido en recursos bolivianos clave para el desarrollo tecnológico y potencialmente militar: el litio y el uranio.

El acuerdo de 2023: Tras la interrupción de relaciones durante el gobierno de Jeanine Áñez, el vínculo fue restablecido en 2021 bajo el gobierno de Luis Arce. El punto de inflexión llegó el 20 de julio de 2023, cuando el entonces ministro Edmundo Novillo firmó en Teherán un memorándum de entendimiento con Ashtiani.

Aunque presentado oficialmente como instrumento para la lucha contra el narcotráfico, incluía componentes sensibles: venta de equipamiento militar, entrenamiento de personal y acceso a tecnología avanzada.
El acuerdo contemplaba la consolidación de una presencia de instructores extranjeros en la “Escuela Antiimperialista” de las Fuerzas Armadas.

Las alarmas regionales: La profundización de la alianza boliviana con Irán generó preocupación internacional, particularmente en Argentina debido al antecedente de los atentados contra la AMIA en 1994, cuando un coche bomba destruyó la sede de la mutual judía en Buenos Aires y dejó 85 muertos; investigaciones de la justicia argentina atribuyeron el ataque a la organización Hezbolá, con apoyo y planificación de altos funcionarios iraníes.

Informes de inteligencia alertaron sobre un ingreso de entre 500 y 700 funcionarios iraníes a Bolivia, una magnitud que excede los parámetros habituales de una misión diplomática.
Se sospechaba la presencia de integrantes de la Guardia Quds, unidad de élite vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El giro de 2026: La llegada de Rodrigo Paz a la presidencia en noviembre de 2025 marcó un cambio radical en la política exterior boliviana, con el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos e Israel y una revisión de los acuerdos heredados.

La denuncia formal del convenio militar con Irán, confirmada el 8 de abril de 2026, representa el desmantelamiento de una arquitectura de cooperación construida durante casi dos décadas.

Entre líneas: La versión iraní de una “simple acta” aparece como un intento de minimizar los costos políticos de una ruptura en un escenario internacional adverso.

Los antecedentes acumulados —declaraciones oficiales de 2023, inversiones ejecutadas y la necesidad jurídica de denunciar el acuerdo— configuran un cuadro difícil de sostener bajo esa narrativa.

La conclusión: Lo que ahora se presenta como una conversación sin consecuencias fue, en realidad, una alianza estratégica cuya existencia resulta cada vez más difícil de negar. Los documentos firmados, las inversiones ejecutadas y los acuerdos formalmente rescindidos contradicen el relato de un vínculo superficial.