Más transparencia, pero menos inversión pública y empleo: efectos de eliminar 161 decretos
Lo esencial: El Gobierno anuló 161 decretos que permitían contrataciones directas para transparentar la gestión pública, una medida que conllevará mayor caída de la inversión estatal y el empleo en un contexto de recesión económica.
Por qué importa: La transición hacia licitaciones públicas a través del SICOES enfriará temporalmente la inversión, ya que los procedimientos más rigurosos retrasarán la adjudicación de nuevas obras públicas.
- Sectores como construcción y transporte verán mermado su dinamismo, lo que se traduce en pérdida de empleos temporales y menor consumo interno de las familias bolivianas.
El contexto: Estos mecanismos de excepción permitieron movilizar aproximadamente 1.235 millones de dólares bajo criterios de alta discrecionalidad durante las últimas dos décadas.
- De las normas eliminadas, 105 otorgaban discrecionalidad absoluta al no fijar montos máximos, lo que derivó en proyectos deficientes, inconclusos o sin utilidad social, como aeropuertos sin vuelos y hospitales paralizados.
Los números: El Banco Mundial ajustó sus previsiones de crecimiento para Bolivia, situándolas en -3,2% para esta gestión, significativamente peor que el -1,1% proyectado a inicios de año.
- La tasa de inflación registró valores negativos en meses recientes debido a que el sector público no está ejecutando la inversión planificada.
Qué dicen: El economista Germán Molina advierte que esta medida funciona como un freno a las compras estatales, motivado en parte por la poca liquidez del Tesoro General de la Nación.
- Molina señala que el sector público está contrayendo su gasto, impactando directamente en empresas privadas que se constituyeron para suministrar bienes y servicios al Estado bajo el anterior régimen de excepción.
- Para el economista, esta situación es síntoma de una recesión económica en la que el gobierno aplica un “gradualismo” para reducir la inflación de dos dígitos a costa de contraer el gasto público.
Sí, pero: El Ministerio de la Presidencia aclaró que los proyectos de salud y otras obras ya iniciadas no serán paralizados, garantizando su continuidad bajo la normativa con la que fueron contratados.
La conclusión: Bolivia se encamina hacia una etapa de mayor control administrativo y transparencia, pero a un alto costo en términos de crecimiento y empleo, con incertidumbre sobre la capacidad del Estado para generar nueva inversión pública sin causar un bache económico prolongado.
