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Lo esencial: La Sala Plena del Consejo de la Magistratura rechazó de forma unánime el Proyecto de Ley N° 294/2025-2026 que busca trasladar el control de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo y advirtió riesgos para la seguridad jurídica del país.

Por qué importa: La aprobación de esta ley pondría la información patrimonial de todos los bolivianos bajo control del Ministerio de la Presidencia, exponiendo el derecho a la propiedad privada a posibles injerencias políticas.

Para los críticos, subordinar el registro de propiedad al poder político debilitaría la fe pública del sistema al sustituir su carácter técnico por una lógica administrativa sujeta a decisiones discrecionales.

Qué propone la reforma: El proyecto, presentado el 4 de marzo por la diputada Claudia Bilbao (PDC), plantea una transformación completa del sistema registral boliviano.

Crea la Dirección Nacional de Registro Propietario (DINAREP), entidad descentralizada que operaría bajo tuición del Ministerio de la Presidencia.

Implementa el Sistema Único Digital de Derechos Reales (SUDRE) para centralizar toda la información registral del país.

Establece interoperabilidad obligatoria con el INRA y catastros municipales, permitiendo acceso amplio y centralizado a la información patrimonial.

Fija un plazo de 180 días para que la Magistratura transfiera al Ejecutivo la totalidad de bases de datos, archivos físicos y activos vinculados al registro.

Los números: La iniciativa contempla una inversión de 150 millones de bolivianos para su implementación.

El 60% sería financiado por el Tesoro General de la Nación y el 40% restante mediante un crédito del BID.

La diputada Bilbao denunció redes de sobornos superiores a 200.000 dólares para acceder a cargos en oficinas provinciales de Derechos Reales.

Qué dicen: Los consejeros Carlos Spencer, Manuel Baptista y Gabriela Arauz calificaron la propuesta como un “atentado directo” contra la separación de funciones.

Según el pronunciamiento de la Magistratura, trasladar Derechos Reales al Ejecutivo “no representa una modernización, sino una exposición de la ciudadanía a posibles injerencias políticas sobre un derecho fundamental”.

El discurso oficial sostiene que la reforma busca agilizar trámites, reducir la corrupción y avanzar hacia un sistema digital eficiente.

El antecedente clave: La disputa no es nueva: hace tres años, durante el gobierno de Luis Arce, se intentó una reforma similar que no prosperó. La propuesta actual difiere por su enfoque más directo, priorizando la conexión con catastros municipales y el INRA para el control integral de la propiedad urbana y rural.

El sistema vigente se sustenta en una normativa que data de 1887, lo que evidencia tanto su antigüedad como su estabilidad en el tiempo.

El caso que justifica la reforma: El Gobierno argumenta fallas estructurales en el sistema actual. Uno de los casos más visibles es el de Leonor Vera Condori, registradora interina de El Alto, quien enfrenta procesos por falsedad ideológica y manipulación informática.

Pese a los procesos en su contra, su interinato fue ampliado hasta junio de 2026, incluso después de que el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz observara irregularidades en la selección de candidatos.

Sí, pero: El debate se da en un contexto de cuestionamientos a la estabilidad normativa del Ejecutivo, que en los últimos meses impulsó decretos de alto impacto —como los referidos a subsidios de combustibles y aranceles a la soya— que luego fueron abrogados por presión social y sectorial.