Lo esencial: Chats recuperados del celular del presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola revelan cómo alertó en julio de 2021 al uruguayo Sebastián Marset sobre investigaciones, fiscales y policías que lo seguían, evidenciando filtraciones, protección y vínculos con altos niveles del Estado paraguayo.

Por qué importa: El material expone que la red de Marset no solo operó al margen de la ley, sino infiltrada en organismos del Estado, con contactos policiales, judiciales y políticos que le permitieron anticiparse a medidas oficiales y evadir la justicia durante años en Paraguay, Uruguay y la región.

Los hechos: Las conversaciones, publicadas por ABC y revisadas por este medio, muestran que Espíndola ofrecía a Marset acceso directo a información sensible y contactos dentro del Comando Tripartito, unidad que lo investigaba en la causa luego denominada operación “Smart”.

“Puedo arreglar que tengas contacto con los de la unidad, ellos saben todo lo que pasa”, escribió Espíndola el 26 de julio de 2021.
Marset respondió: “Ya está encaminado para el arreglo. Todo controlado”.
El 27 de julio, Espíndola alertó: “Vienen fiscales y policías desde Uruguay. Tené cuidado con los movimientos en Asunción y Ciudad del Este”.
El 28 de julio advirtió: “Oficio en tu contra va a ser emitido mañana. Ya tengo los canales para avisarte antes que lo recibas oficialmente”.

Conexiones con el poder político: Uno de los hallazgos más alarmantes es la conexión de Espíndola con Arnaldo Euclides Giuzzio, entonces ministro del Interior de Paraguay (2020-2022). El escándalo derivó en su destitución en febrero de 2022.

Un entramado transnacional: Según el material, la red operó con inteligencia criminal, corrupción política, evasión logística y control territorial en varios países.

Inteligencia criminal: monitoreo de investigaciones y movimientos de fiscales.
Corrupción política: contactos con altos funcionarios y posible soborno.
Evasión logística: uso de pasaportes falsos y traslados internacionales.
Control territorial: operación desde Bolivia con influencia en Paraguay y Uruguay.

Rutas y operaciones:

Uruguay – Paraguay: desplazamientos entre Montevideo y Asunción con pasaportes falsos y coordinación de alertas.
Paraguay – Bolivia: tras su liberación en Emiratos Árabes Unidos en 2021, Marset se trasladó a Bolivia, desde donde mantuvo la operación.

Perfiles clave:

Sebastián Enrique Marset Cabrera: líder uruguayo de la red; detenido en EEUU desde marzo de 2026 tras años de evasión internacional.
Marcus Vinicius Espíndola Marques de Pádua: presunto narcotraficante brasileño, capturado en 2021 en la operación “Turf”.
Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez: exministro del Interior paraguayo, fue imputado por cohecho pasivo agravado; actualmente está en juicio oral por presunto cobro de coimas.
Comando Tripartito: unidad policial encargada de investigar a Marset, señalada en los chats por presuntas filtraciones.

Protección a Marset: El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, en una conferencia de prensa denunció que autoridades de la anterior gestión gubernamental y policial permitieron, “por complicidad y negligencia”, la permanencia y consolidación del narcotraficante Sebastián Marset en Bolivia y que esa omisión facilitó que estableciera su base de operaciones en Santa Cruz.

Tras su fuga en julio de 2023, Marset comenzó a salir en videos en redes sociales y en mensajes difundidos por medios de comunicación, señalando haber contado con la protección del entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y exdirectores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).

Contexto: Sebastián Marset fue capturado el 13 de marzo en un operativo en el barrio Las Palmas, en Santa Cruz. Tras su aprehensión, fue entregado a la Administración de Control de Drogas (DEA) y trasladado a Estados Unidos, permanece detenido en Virginia, y se le ha negado la libertad bajo fianza por riesgo de fuga.

Su defensa fue reforzada con abogados de alto perfil, incluyendo exfiscales federales.
El juicio fue postergado para el 1 de abril, según determinó el juez William B. Porter.
Marset enfrenta cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero.

La conclusión: La exposición de los chats confirma que la red de Marset operó con apoyo y filtraciones dentro del Estado, utilizando contactos políticos, judiciales y policiales para anticiparse a investigaciones y sostener una estructura criminal transnacional durante años.