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Lo esencial: El paro indefinido de choferes, que bloquea múltiples puntos en la ciudad y sus accesos, ha dejado al descubierto una crisis más profunda: denuncias de combustible contaminado, fallas en el sistema de control estatal y acusaciones que ya alcanzan niveles políticos e institucionales.

Por qué importa: El conflicto expone fallas estructurales en el control de calidad del combustible y la cadena de suministro estatal, afectando no solo a transportistas sino también a ciudadanos comunes cuyos vehículos también resultaron dañados.

Las pérdidas económicas alcanzan $us 15 millones diarios según el sector industrial, mientras la crisis escala al ámbito político con pedidos de renuncia de autoridades y una investigación senatorial en curso.

El antecedente clave: La polémica se desató a inicios de febrero, cuando conductores denunciaron daños en motores tras cargar combustible. Investigaciones preliminares detectaron irregularidades en la calidad de la gasolina, generando protestas de transportistas y mototaxistas, especialmente en Santa Cruz.

Estado actual: Una cisterna con sistema de doble tanque —uno con combustible en buen estado y otro contaminado— fue detectada en la planta de Senkata, con precintos de seguridad intactos.

El hallazgo abre dos hipótesis: fallas graves en los controles estatales o la existencia de un posible sabotaje dentro de la cadena de suministro.

YPFB afirma haber pagado el seguro solidario a 2.500 personas, con montos que superan los Bs 4.000 en algunos casos, pero los transportistas niegan haber recibido compensaciones.

Al menos 3.000 solicitudes de resarcimiento fueron rechazadas, aunque podrán revisarse caso por caso.

Qué dicen: Las posiciones reflejan la profundidad del conflicto y las acusaciones cruzadas entre sectores.

“Este movimiento es porque existe un daño al transportista. Es por eso que estamos en las calles”, afirmó Limbert Tancara, dirigente del Transporte Libre.

“Aquí hay premeditación, alevosía y delito; esto es terrorismo”, declaró la periodista Amalia Pando sobre el hallazgo de la cisterna irregular.

“Estamos resarciendo estos daños, este compromiso YPFB lo ha cumplido al 100%”, sostuvo Nelson Mendoza, gerente comercial de YPFB.

“Consultamos sindicato por sindicato y no hemos recibido ni diez centavos”, respondieron representantes del sector transporte.

La escalada política: La bancada de la alianza Libre lanzó un ultimátum de 24 horas para la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; el presidente de YPFB, Yussef Akly, y el director de la ANH, Freddy Zenteno.

“El Ministro no está con la capacidad de dar soluciones al pueblo boliviano, sino que está agravando la crisis”, sostuvo el diputado Rafael López.

“Damos 24 horas de plazo y si es necesario vamos a acelerar las denuncias por la vía penal”, advirtió la diputada Lissa Claros.

Samuel Doria Medina exigió identificar responsables: “Si fue un sabotaje, hay que demostrarlo con pruebas y detenidos”.

Entre líneas: El conflicto ha generado un fenómeno inusual: respaldo social hacia la medida de presión, dado que la afectación alcanza a ciudadanos comunes y no solo a transportistas.

Versiones apuntan a que Yussef Akly perdió respaldo dentro del Ejecutivo, lo que anticipa posibles cambios en la conducción de YPFB.

Qué sigue: La Cámara de Senadores conformó una comisión especial con tres meses de plazo para investigar la gasolina desestabilizada y presentar un informe, según anunció el presidente del Senado, Diego Ávila.