Rodrigo Paz Pereira
Presidente Rodrigo Paz Pereira. | Foto: APG

De la promesa al decreto: La hoja de ruta del 50/50 en Bolivia

El Post

Lo esencial: El presidente Rodrigo Paz oficializó ayer en Santa Cruz el inicio de la “primera fase técnica” del modelo 50/50, instruyendo la conformación inmediata de mesas sectoriales para rediseñar competencias administrativas y fiscales entre el Estado central y las regiones.

Por qué importa: La reforma busca revertir una concentración estructural donde el Ejecutivo central administra actualmente el 80% del Presupuesto General del Estado.

  • De concretarse, las regiones asumirán la gestión plena de salud y educación —infraestructura y personal incluidos—, además de mayor control sobre el desarrollo productivo, reconfigurando la arquitectura del Estado boliviano.

El escenario político: El acto se realizó en oficinas de YPFB en Santa Cruz, epicentro histórico de la demanda autonómica, con presencia de sectores productivos, sociales, legislativos y autoridades subnacionales, incluyendo al gobernador Luis Fernando Camacho, en una señal de coordinación interinstitucional.

El plan: La propuesta del 50/50 nació en 2025 como un “preacuerdo federal” con horizonte de 10 a 15 años que implica una reingeniería estatal completa.

  • Las regiones gestionarán plenamente salud y educación, con una dualidad curricular: 50% de contenidos nacionales y 50% regionales, permitiendo priorizar áreas estratégicas como agroindustria, energía o turismo.
  • El plan busca corregir una distorsión: mientras el Estado destina 60.000 millones de bolivianos a salud y educación, administra cerca de 90.000 millones en empresas estatales, muchas deficitarias.
  • Paz ordenó identificar y eliminar decretos y leyes que hayan fortalecido el centralismo o funcionen como trabas burocráticas a las autonomías.

La crisis de febrero: El arranque técnico llega tras un mes de tensiones políticas desatadas por declaraciones de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien advirtió que el 50/50 no implicaba “billetera libre”, sino corresponsabilidad fiscal.

  • Barrientos citó, como ejemplo, al municipio de Totora (Cochabamba), con un presupuesto anual de 13 millones de bolivianos, cuya estructura no permitiría asumir por sí sola la gestión plena de salud y educación.
  • El Ministerio de la Presidencia calificó las declaraciones como un “error de comunicación”, pero el episodio evidenció la tensión entre la promesa política y los límites técnicos de la reforma.

Qué dicen: Las reacciones al episodio de febrero marcaron posiciones encontradas sobre el alcance de la reforma.

  • “El 50-50 no es dividir recursos, es multiplicar soluciones”, sostuvo Paz al defender la medida como un paso hacia la eficiencia y no como una fragmentación del país.
  • Camacho acusó al Ejecutivo de mantener una mentalidad centralista; Juan Pablo Velasco cuestionó cualquier intento de tutela estatal sobre recursos regionales.
  • Branko Marinkovic planteó cerrar el Viceministerio de Autonomías, al que calificó de instrumento de control.

Los nudos fiscales: La transición abre interrogantes técnicos de fondo que el Gobierno aún no ha resuelto públicamente.

  • No se ha precisado cómo el Tesoro General de la Nación cubrirá la deuda externa, seguridad nacional y programas sociales operando con la mitad de los recursos.
  • Las subvenciones a hidrocarburos generan pérdidas anuales superiores a 1.500 millones de dólares por contrabando y corrupción; sin una reforma profunda de subsidios, el margen fiscal luce estrecho.
  • Existe una brecha de capacidades: mientras algunas ciudades cuentan con miles de funcionarios, municipios rurales con presupuestos mínimos podrían enfrentar colapso administrativo al asumir nuevas competencias.

Sí, pero: Persiste la ausencia de una hoja de ruta normativa pública o de estudios actuariales que definan si la reforma implica cambios constitucionales, ajustes en la coparticipación tributaria o una redefinición integral del Presupuesto General del Estado.

Qué sigue: La viabilidad del 50/50 dependerá de tres factores: legitimidad subnacional tras las elecciones del 22 de marzo, producción legislativa capaz de desmontar el andamiaje centralista, y resultados tangibles en salud y educación. 

  • El desafío es convertir el rediseño competencial en leyes verificables y equilibrar la soberanía regional con la solvencia macroeconómica.

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