Exgerente de Emapa es imputado por corrupción en planta piscícola del Titicaca
Lo esencial: La Fiscalía Departamental de La Paz formalizó la imputación contra Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por su presunta participación en hechos de corrupción vinculados a la implementación de una planta piscícola en el Lago Titicaca que hasta la fecha no está en funcionamiento.
Por qué importa: El caso pone bajo la lupa un proyecto concebido como iniciativa estratégica para fortalecer la soberanía alimentaria y generar empleo en el altiplano paceño, en medio de irregularidades en la administración de recursos públicos destinados a proyectos productivos.
Los hechos: El Ministerio Público acusa a la exautoridad por varios delitos, tanto en el proceso de contratación como en la etapa de conclusión de la obra pública.
- Incumplimiento de deberes.
- Conducta antieconómica.
- Enriquecimiento ilícito.
Según la resolución de imputación formal, el objetivo del proyecto era fortalecer la producción piscícola en la región altiplánica.
Qué dicen: El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que durante la investigación se recolectaron ocho elementos de convicción que hacen presumir la participación de Flores en los hechos.
- Entre las principales pruebas se encuentran la minuta de contrato entre Emapa y una Asociación Accidental, dos contratos modificatorios y declaraciones testificales clave.
- Uno de los testimonios menciona un pago irregular de Bs 80.000 al representante legal encargado de la supervisión de la obra, hecho que será expuesto ante la autoridad jurisdiccional en la audiencia cautelar.
Qué sigue: El fiscal del caso, Johan Muñoz, solicitó la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro, argumentando riesgos procesales de fuga y obstaculización.
- Flores ya se encuentra recluido por otro proceso judicial.
- La audiencia de medidas cautelares definirá su situación jurídica en los próximos días.
Contexto: El caso fue denunciado el 1 de octubre de 2025 ante la Fiscalía General del Estado, tras detectarse presuntas anomalías en la ejecución del proyecto piscícola, que debía impulsar la producción de alimentos y dinamizar la economía regional.
