ABI/El Post

Lo esencial: El vicepresidente Edmand Lara anunció que impulsará en la Asamblea Legislativa la abrogación de todas las “leyes incendiarias”, que —según afirmó— facilitaron el avasallamiento, la deforestación y los incendios forestales en las últimas dos décadas.

También declaró que la protección ambiental será política de Estado.

Por qué importa: El giro supone un cambio estructural en la gestión ambiental, porque desmontar ese marco legal podría modificar la dinámica de deforestación ilegal, uso de tierras y control del fuego en regiones críticas.

Además, redefine la postura del Estado boliviano frente a compromisos internacionales y futuros acuerdos climáticos.

Los hechos:

Lara acusó a la administración saliente de haber “protegido a avasalladores y traficantes de tierras”.
Anunció que el Gobierno planteará en el Legislativo la eliminación de todas las normas consideradas permisivas con la destrucción de bosques.
Señaló que la mitad de la deforestación del país tiene origen ilegal, afectando ecosistemas frágiles y fuentes de agua.
Afirmó que el Ejecutivo también revisará decretos para reforzar la protección ambiental.
Confirmó que Bolivia participará en la COP30 en Brasil, con el ministro Mario Justiniano, para presentar una posición basada en sostenibilidad y justicia ambiental.
Anticipó que el país buscará cooperación internacional, pero “sin perder soberanía”.

Contexto: El término “leyes incendiarias” se usa para describir normas que flexibilizaron desmontes, quemas controladas, ampliación de la frontera agrícola y asentamientos en tierras fiscales.

Diversos actores ambientales han señalado que estas normas contribuyeron al incremento de incendios y pérdida de bosques en la última década, especialmente en la Chiquitania y el norte amazónico.

Antecedentes:

Bolivia enfrentó picos de incendios forestales en 2019, 2023 y 2024, con amplias críticas a la normativa vigente.
Organizaciones ambientales han pedido repetidamente la modificación de leyes que permiten quemas y avasallamientos.
La participación boliviana en foros climáticos internacionales ha estado marcada por tensiones entre discurso ambiental y expansión agrícola.

El problema de fondo: La coexistencia de un discurso ecológico con un marco legal que permite desmontes y asentamientos irregulares generó incentivos contradictorios que facilitaron la expansión de la deforestación ilegal.

Entre líneas: El anuncio busca marcar distancia política de la gestión anterior y reposicionar al Gobierno con una narrativa de restauración ambiental antes de la COP30.

Qué sigue: El Ejecutivo debe remitir formalmente al Legislativo los proyectos de abrogación. La Asamblea deberá debatir las normas a eliminar y su reemplazo.